Típicamente la llegada de una crisis social de gran impacto provoca el incremento de los poderes intervencionistas del Estado. Así, una situación como la que se vive actualmente por efecto del virus Covid-19, conlleva el crecimiento exponencial de los poderes estatales, lo cual normalmente la sociedad acepta sin mayor reparo, porque entiende que ello es indispensable para hacer frente al problema. Sin embargo, el reto está en asegurar la manera de que dichos poderes retornen a su estado más limitado y controlado una vez superada la crisis, y evitar que el gobierno de turno se vea tentado a mantener dichos superpoderes de forma indefinida.

En ese frente, dos de los aspectos estructurales que más sufren merma son la privacidad y las libertades civiles. En efecto, en el caso de la pandemia que hoy asola al mundo -y probablemente con toda justificación- los gobiernos se han auto atribuido poderes extraordinarios que sirven para aumentar la capacidad del Estado de enfrentar el flagelo, pero que, en simultánea invaden peligrosamente la privacidad de las personas y restringen seriamente sus libertades individuales (locomoción, empresa, otras).

Las compañías de teléfonos móviles acumulan grandes cantidades de información que puede servir para saber dónde está localizado cada uno de sus usuarios y posiblemente lo que está haciend